La Fundación Plenitud y UNICEF firmaron un acuerdo de colaboración para abogar por la implementación de la atención primaria en el sistema dominicano de salud, incluyendo el primer nivel como puerta de entrada, tal como consagra la legislación dominicana que regula el sistema de salud. La investigadora principal fue Magdalena Rathe y co-investigadores fueron Alejandro Moliné y Pedro Ramírez Slaibe.
Objetivo
Realizar una estimación financiera sobre los recursos necesarios para el fortalecimiento del primer nivel de atención en la red del Servicio Nacional de Salud (SNS) y preparar una ruta crítica para presentarla a los principales actores involucrados y responsables.
Resultados
El trabajo contiene una justificación sobre la importancia de la atención primaria en salud y de un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, que pueda atender los problemas prioritarios de la población y prevenir sus complicaciones, con la finalidad de alcanzar una verdadera salud universal. Ofrece un recuento de experiencias en otros países de la región con mejores resultados de salud, como Costa Rica, Uruguay y El Salvador, de los cuales se extraen experiencias que pueden servir al caso dominicano. Asimismo, una descripción de la inversión en salud de los gobiernos dominicanos, que se concentra principalmente en el tercer nivel de atención y en las intervenciones especializadas y de alto costo. Igualmente, se enfatiza la necesidad de reorientar las prioridades de inversión para incrementar el financiamiento del primer nivel de atención.
Se parte de la idea de que un primer nivel de atención fortalecido dentro de una estrategia de atención primaria es necesario para toda la población dominicana, independientemente de su nivel de ingreso y de su afiliación en el régimen subsidiado o contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS). Existen muchas formas de implementar esto, con la participación de diferentes actores, públicos y privados con y sin fines de lucro. El objetivo es tener una misma canasta de prestaciones de buena calidad, orientada a dar servicios a la población a lo largo de su vida.
Una parte importante de la población siempre buscará sus servicios en la red pública y, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, será su única opción. Por tal motivo es fundamental fortalecer dicha red y crear las condiciones para que la misma pueda ser financiada, no sólo con recursos presupuestarios, sino también a través de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) de la seguridad social.
El costeo realizado indica que el financiamiento adicional necesario en el año 2022 es inferior a 3,000 millones de pesos, cifra manejable para el presupuesto público. La asignación de mayores recursos al primer nivel de atención implica un cambio en las prioridades de gasto del gobierno. En la actualidad, el SNS destina el 70% de su presupuesto a cubrir los niveles especializados de atención (alrededor de 30,000 millones de pesos en el 2021) y sólo el 15% al primer nivel de atención. Algo similar ocurre en el régimen subsidiado de SENASA, donde además de priorizar las especializaciones, el 33% de su presupuesto se va en intervenciones de alto costo y menos del 1% a promoción y prevención.
La estimación realizada en este estudio se realizó considerando la utilización y fortalecimiento de la red pública del SNS. Sin embargo, en caso de que las autoridades nacionales decidiesen integrar a sus redes, mediante modalidades de alianzas público-privado, un conjunto de PSS privados, con y sin fines de lucro, parte del financiamiento contemplado en la estimación para los renglones de cierre de brechas, tendrían que ser reasignados a través de SeNaSa para que esta ARS los utilice para adquirir de esos PSS servicios de salud para la población subsidiada. También es importante señalar que, si se implementan nuevas modalidades de gestión en la provisión pública y se habilitan estos centros, tendrían la posibilidad de facturar a las ARS dentro del régimen contributivo, disminuyendo la carga dentro del presupuesto público.
