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Fundación Plenitud llama la atención sobre la inversión pública en salud en República Dominicana muy baja en el contexto latinoamericano

Existe una correlación internacional entre los mejores resultados en salud y un mayor nivel de financiamiento público
 
La inversión en el sistema de salud dominicano ha recibido tradicionalmente bajo financiamiento público, aumentado en los últimos años hasta un 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) incluyendo los recursos que se asignan al Seguro Familiar de Salud – en ambos regímenes, subsidiado y contributivo.  Si se añade el financiamiento privado (fundamentalmente del bolsillo de los hogares) no alcanza el 6% del PIB, lo cual es relativamente bajo en el contexto latinoamericano, afirma Magdalena Rathe presidenta de la Fundación Plenitud.
 
En un comunicado de prensa PLENITUD enfatiza que existe una clara correlación internacional entre los mejores resultados en salud y el nivel del financiamiento público. “En el caso de la República Dominicana, además de bajo, el gasto público en salud es ineficiente, pues tiene excesos de personal improductivo en unos lugares y carencias en otros, el sistema de compras es poco racional cuando no aprovecha las economías de escala y no existe una tradición de rendición de cuentas. Pero adicionalmente, el sistema es  inefectivo, pues no responde a las prioridades nacionales en materia de salud y es inequitativo, porque una alta proporción lo financian las propias familias, independientemente de su nivel de ingreso”.
 
PLENITUD reitera que todos estos puntos procuraron abordarse en la reforma del sector salud aprobada en 2001 y cuya implementación se aceleró en el 2007. “Con la creación del Seguro Familiar de Salud se inició el proceso de separación de funciones, en especial del financiamiento y la provisión de servicios, donde los fondos para el régimen subsidiado (que cubre las necesidades de los pobres) se canalizan a través del SENASA, promoviendo de esta forma el financiamiento vía la demanda – con la intención de racionalizarlo y ajustarlo a las necesidades”.
 
Rathe destaca que la extensión de la cobertura del seguro familiar de salud constituye el mecanismo más idóneo de aumentar el financiamiento público, reducir el gasto de bolsillo en la República Dominicana y mejorar la eficiencia y efectividad del sistema, para llegar a la aspirada cobertura universal en salud.  Pero, desafortunadamente  no ha podido avanzar más porque no acaba de separarse la rectoría de la provisión de servicios, no se ha reestructurado la red pública para que pueda operar efectivamente y porque no se fortalece la función de rectoría para que pueda liderar efectivamente el sistema de salud.
 
“El decreto promulgado recientemente por el Poder Ejecutivo  apunta en la dirección de esas decisiones difíciles: separar la rectoría de la provisión de servicios. Si bien es cierto que la verdadera descentralización de las redes regionales requiere de una ley que ha dormido por años en las gavetas del Congreso Nacional, debemos tener la confianza en que pueda materializarse ahora con la entrada en vigencia del referido decreto”, expresa PLENITUD en un comunicado de prensa.
 
Existe hoy la oportunidad de establecer y fortalecer la función de rectoría del sistema de salud, que es el elemento clave para lograr su funcionamiento óptimo. Se trata de una función que nunca se ha ejercido adecuadamente en la República Dominicana y que se relaciona con la dirección estratégica, la definición de las prioridades, la supervisión de los proveedores públicos y privados para garantizar la calidad de los servicios, la formulación e implementación de normas para todo el sistema. Esta requiere de una verdadera “inteligencia sanitaria”, basada en información epidemiológica y financiera de calidad, que alimente un verdadero sistema de priorización en salud, mejorando el contenido y costo del Plan Básico de Salud (PBS), haciendo más viables las posibilidades de alcanzar la cobertura universal.
 
El país carece de este sistema y actualmente muchas de las decisiones relacionadas con el contenido del PBS, así como los medicamentos y tecnologías financiados con fondos públicos, se realizan de manera poco racional, ineficiente, movida muchas veces por intereses, por la presión que ejercen ciertos grupos e incluso por la corrupción. Es fundamental que esto sea abordado, a fin de que sea factible enfrentar las necesidades de salud más prioritarias. De lo contrario se corre el riesgo de encarecer  el sistema de salud innecesariamente y de poner en riesgo su sostenibilidad.
 
La reestructuración del sistema de provisión pública, por su parte, es esencial, para hacer realidad la concepción de un modelo de atención basado en redes integradas, donde la puerta de entrada sea el primer nivel, pero basado en principios de continuidad de la atención e información de calidad en toda la red, que permita dar seguimiento a los pacientes a todo lo largo del sistema y en el tiempo. Esto a su vez, requiere de un personal capacitado, bien remunerado, motivado, que trabaje el número de horas necesarias, imbuido de valores éticos que garanticen una atención humanizada, trabajando por dar prioridad a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
 
Mucho se puede hacer si finalmente se empieza a caminar en este sentido. El gobierno debe asignar muchos más fondos al sistema de salud, pero que lo haga dentro de la lógica de la reforma que está en camino y atendiendo a las prioridades de salud de la población, financiando lo que es más costo-efectivo y asegurando de proteger financieramente a quienes más lo necesitan.
 
PLENITUD entiende que se hace necesario profundizar en la reforma del sector salud, para lo cual se necesita de un fuerte liderazgo, con una visión coherente de largo plazo, sin dejarse arrastrar por la rutina ni desalentar por la inevitable resistencia al cambio. Estas últimas son fuerzas poderosas que se disfrazan de urgencias inminentes y que terminan por matar las mejores intenciones de adoptar las difíciles decisiones para lograr el cambio  estructural.
 

 

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